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Recuperar lo común: el argumento a favor de un internet con responsabilidad

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El 14 de diciembre de 2025, un padre y su hijo abrieron fuego durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney, y mataron a quince personas en lo que las autoridades han calificado como el atentado terrorista más mortífero de la historia de Australia.1 La investigación reveló un patrón conocido: dos hombres radicalizados por la ideología del Estado Islámico, en un ataque que llega tras años de adversarios extranjeros usando contenido anónimo y automatizado con bots para explotar los rincones más oscuros de la psicología humana.

Días después, la Policía Federal Australiana lanzó una advertencia: circulaban por las redes sociales deepfakes generados con IA que distorsionaban las declaraciones del comisionado sobre la investigación.2 El propio ecosistema de la información se había convertido en un campo de batalla.

Llevamos treinta años fingiendo que el “salvaje Oeste” de internet era la única forma de proteger la libertad de expresión. Nos hemos dejado convencer de que el anonimato es un requisito de la libertad, aunque ese mismo anonimato lo usen como arma los adversarios extranjeros para fracturar nuestras sociedades y apuntar a nuestros hijos.

Pero algo está cambiando. De la ONU a la UE, el mundo se aleja de las cuentas “fantasma” y se acerca a un internet más pragmático, uno en el que podamos proteger a los vulnerables sin silenciar al disidente.

El coste humano

Antes de hablar del “derecho” a ser anónimo, deberíamos hablar de lo que nos ha costado ese derecho.

En el Reino Unido, el acoso online se cita como factor que contribuye en cerca del 40 % de las llamadas a líneas de prevención del suicidio juvenil.3 El fenómeno crece porque el anonimato le da al agresor un distanciamiento de sus víctimas. Sin la señal visual de un rostro humano ni el peso social de un nombre real, la empatía se evapora.

Para conducir un coche hace falta carnet por el riesgo que supone para los demás. No dejamos que nadie compre explosivos sin identificarse. Y sin embargo hemos dado un megáfono global y sin licencia a cualquiera que tenga un teclado y conexión a internet, sin ninguna responsabilidad.

La distinción que importa

Ahora, el lector preocupado por la privacidad dirá que es un precio que merece la pena pagar. Que los disidentes, los denunciantes y los activistas de regímenes autoritarios dependen del anonimato para su seguridad. Tiene razón, pero está mezclando dos cosas distintas.

Tus mensajes privados deberían ir cifrados. Tu historial médico debería estar protegido. Tu historial de navegación no le importa a nadie. Eso es privacidad y merece la pena defenderla. Si acaso, creo que las empresas tecnológicas deberían hacer más para proteger nuestros datos, nuestras comunicaciones y nuestras vidas privadas, cada vez más alojadas en la nube.

Pero cuando sales a la plaza pública, cuando publicas contenido que otros verán, compartirán y que puede hacerles daño, es un acto completamente distinto. En el mundo físico no llevamos máscara cuando debatimos ideas en público. No podemos gritarles amenazas a unos desconocidos y luego esfumarnos. Internet ha creado una asimetría que no existe en ningún otro lugar de la sociedad: poder actuar en público siendo del todo irresponsable.

La cuestión no es si deberías poder llamar idiota a alguien en internet. Deberías. Un debate sólido exige la libertad de equivocarse, de ofender o de ser simplemente maleducado. La cuestión es si una sola persona debería poder desplegar miles de cuentas de bots para amplificar contenido de odio, acosar a la gente hasta callarla o radicalizar a personas vulnerables, todo ello escondida tras una máscara que hace imposible cualquier consecuencia.

El punto de inflexión

Esto ya no es una postura marginal.

Un estudio de 2025 de Oxford y la Universidad Técnica de Múnich concluyó que el 79 % de los encuestados en 10 grandes democracias cree que la incitación a la violencia debería eliminarse de inmediato, con un apoyo que llega al 86 % en Alemania y Brasil.4 En el Reino Unido, el 70 % de los adultos respalda la Online Safety Act, y el 71 % identifica las cuentas anónimas y falsas como un problema social grave.5

Hasta entre los jóvenes, supuestamente la generación más “online”, se desvanece la fe en internet. Encuestas recientes muestran que los jóvenes británicos ven cada vez más internet como algo dañino para la sociedad.6 Es un giro radical respecto al tecnooptimismo de hace diez años.

La mayoría de los ciudadanos ya no ve el anonimato absoluto como un derecho protegido. Lo ve como una rendija que las tecnológicas han estado demasiado cómodas dejando abierta.

Lo que los defensores de la privacidad no ven

Los críticos más ruidosos sostienen que cualquier regulación es un paso hacia un sistema de crédito social al estilo chino. Es una preocupación razonable. Pero esto es lo que se les escapa: Rusia y China ya están usando nuestra apertura digital para desestabilizarnos.7 Nuestro compromiso con el anonimato absoluto no nos protege del autoritarismo, sino que este lo explota.

Un marco global no debería regular las opiniones. Debería regular la atribución.

El objetivo no es desenmascarar a todo el mundo. Es verificar que cada cuenta la maneja una persona real, que publica desde un lugar real. Puedes seguir usando un seudónimo. Puedes seguir criticando a tu gobierno. Pero no puedes hacerte pasar por mil personas. No puedes ocultar que publicas desde una granja de bots en San Petersburgo mientras dices ser un ciudadano preocupado de Sídney.

Proteger a quienes de verdad necesitan protección

Un usuario gay de Oriente Medio tiene que estar protegido de la persecución del Estado. Una mujer que alza la voz debería estar protegida de los linchamientos anónimos. Un oficial ruso que denuncia la corrupción necesita una vía hacia la seguridad.

Son preocupaciones reales. Pero podemos resolverlas sin proteger al 99 % de trolls anónimos que se esconden tras el mismo escudo.

La Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, adoptada en diciembre de 2024, llega a medias.8 Incluye disposiciones sobre doble incriminación, el principio por el que un país puede negarse a colaborar en una investigación si la conducta denunciada no es delito en su propia jurisdicción. En teoría, esto significa que Suiza podría negarse a desenmascarar a un ciudadano que criticó al gobierno chino, porque la expresión política no es delito en Suiza.

Pero la convención no exige la doble incriminación. Es opcional. Las organizaciones de derechos humanos han criticado con razón este hueco: sin salvaguardas obligatorias, los países podrían acabar colaborando en investigaciones sobre actividades que su propia ley protege. La intención está ahí. Los dientes no.

Lo que necesitamos es un marco internacional coordinado en el que la identidad siga bajo llave salvo que se infrinja una ley sancionada globalmente, como el terrorismo o la incitación a la violencia física. No opcional. Obligatorio.

Del mismo modo, el Whistleblower Toolkit de 2025 de la UNODC9 ofrece orientación para que los países construyan marcos de protección para quienes denuncian irregularidades. Sobre el papel es completo: medidas legales, salvaguardas institucionales, aplicación práctica. Pero sigue siendo solo una guía para marcos nacionales. No hay coordinación global ni un mecanismo para que un denunciante reciba un estatus de protección reconocido internacionalmente que lo blinde frente al desenmascaramiento, incluso por parte de su propio gobierno.

La tecnología para proteger a los disidentes y a la vez eliminar las granjas de bots ya existe. Lo que falta es voluntad política para implantarla, y para implantarla a escala global, no como un mosaico de políticas nacionales que los malos actores puedan explotar.

El ritmo del cambio

Esto nos lleva a la verdad incómoda: los gobiernos van demasiado lentos en esto.

El setenta y nueve por ciento de los ciudadanos de las grandes democracias quiere que se elimine de inmediato la incitación a la violencia.4 El setenta y uno por ciento de los adultos del Reino Unido ve las cuentas anónimas como un problema grave.5 La mayoría ha hablado. Pero a la mayoría no se la escucha.

¿Por qué? Quizá porque las mismas herramientas que se usan para radicalizar a las personas se usan para influir en quienes hacen las políticas. En julio de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. desarticuló una granja de bots rusa que usaba IA para crear casi 1000 perfiles falsos de estadounidenses en redes sociales, difundiendo relatos prokremlinianos e intentando influir en las elecciones de 2024.10 La operación la financiaba el Kremlin y la dirigían agentes de inteligencia rusos a través de RT, el medio estatal.10 No fue un caso aislado: altos cargos de inteligencia de EE. UU. han llamado a Rusia “la amenaza preeminente” para la integridad electoral, con operaciones sofisticadas dirigidas a los votantes de los estados bisagra.11

El mismo anonimato que permite a los trolls acosar a adolescentes permite a los adversarios extranjeros hacerse pasar por ciudadanos preocupados, amplificar relatos que dividen y desplazar el discurso político. Algunas investigaciones indican que, durante las elecciones estadounidenses de 2016, los bots generaron cerca del 20 % del contenido político de Twitter.12 Cuando las voces más fuertes de la sala son falsas, ¿tiene algo de raro que los responsables políticos no oigan a la mayoría real?

La Online Safety Act del Reino Unido es un paso adelante. La Ley de Servicios Digitales de la UE es un paso adelante.13 Las leyes australianas de verificación de edad son un paso adelante.14 Pero son soluciones nacionales para un problema global. Son lentas. Son cautelosas. Y no bastan.

Necesitamos marcos que protejan la privacidad individual (tus mensajes, tus datos, tu historial de navegación) y exijan responsabilidad en el discurso público. No son objetivos contradictorios. La Cartera de Identidad Digital de la UE pretende demostrarlo.15 Estonia lleva más de dos décadas con un sistema nacional de identidad digital: cada ciudadano puede autenticarse de forma segura en los servicios públicos, firmar documentos e incluso votar por internet.16 La limitación es que es un ecosistema cerrado: no puedes usar tu e-ID estonio para verificarte en Twitter. La Cartera de Identidad Digital de la UE está diseñada para cerrar esa brecha y hacer que la identidad verificada sea portable entre servicios y fronteras. La tecnología existe. El apoyo público existe. Lo que falta es un liderazgo dispuesto a actuar al ritmo que exige el problema.

El principio sencillo

El objetivo último no es silenciar a nadie. Es conseguir que la gente se trate en internet igual que se trataría en persona.

Puedes seguir llamando gilipollas a alguien. Puedes seguir diciéndole al gobierno que son unos idiotas. Puedes seguir equivocándote, ofendiendo o siendo impopular. Lo que no puedes es incitar a la violencia sin consecuencias. Lo que no puedes es montar una red de bots que ahogue el discurso legítimo. Lo que no puedes es acosar a alguien hasta llevarlo al suicidio escondido tras un nombre de usuario que nunca se podrá rastrear.

¿De verdad deberíamos tratarnos de forma distinta en internet que en la calle? Creo que no. La responsabilidad no es la muerte de internet. Es la única forma de salvarlo.

Lecturas adicionales

Referencias y legislación

Footnotes

  1. ABC Australia: Bondi Beach shooting – ‘motivated by Islamic State ideology’, PM says ↩

  2. Australian Federal Police: Statement about fake social media posts (Dec 2025) ↩

  3. Papyrus UK: Bedtime Stories Campaign ↩

  4. University of Oxford: Majority support moderation on social media platforms, global survey shows (Feb 2025) ↩ ↩2

  5. Clean Up The Internet: Strong public support for OSA - but concern at delays to implementation (Dec 2025) ↩ ↩2

  6. The Register: Faith in the internet is fading among young Brits (Dec 2025) ↩

  7. UK Parliament: Written Evidence on Foreign State Disinformation ↩

  8. UN Convention against Cybercrime ↩

  9. UNODC: Whistle-blower Protection Thematic Area ↩

  10. US Department of Justice: Russian Bot Farm Disruption (July 2024) ↩ ↩2

  11. US Intelligence Officials: Russia Election Interference Briefing (Sept 2024) ↩

  12. ScienceDirect: How social bots can influence public opinion ↩

  13. European Commission: The Digital Services Act ↩

  14. eSafety Commissioner: Social Media Age Restrictions ↩

  15. European Commission: European Digital Identity Wallet (eIDAS 2.0) ↩

  16. e-Estonia: e-Residency Programme ↩